El 28 de mayo de 2009, se publicaron en México las reformas de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y Servicios Públicos y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Ambas leyes contienen cambios importantes con respect al arbitraje y los medios alternativos de solución de controversias. Las reformas abren al arbitraje y, sujeto a disposiciones generales, a los medios alternativos de solución de controversias, a todos los contratos de obras públicas federales y a todos los contratos de servicio a largo plazo, tales como los Proyectos de Prestación de Servicios («PPS») o Asociaciones Público-Privadas, sin perjuicio a lo establecido para la Comisión Federal de Electricidad y PEMEX.