La acción de tutela es pieza fundamental para la garantía de los derechos fundamentales en el ordenamiento jurídico Colombiano. La Constitución colombiana reconoce el derecho de todas las personas a reclamar ante los jueces, mediante un procedimiento preferente, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenaza-dos por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, siempre que el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. La Constitución delegó en el legislador la función de establecer los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio pú-blico. En virtud de esa delegación y en ejercicio de poderes extraordinarios, el artículo 42(8) del Decreto 2591 de 1991 prevé la procedencia de la acción de tutela contra los actos y omisiones de los particulares que actúen o deban actuar en ejercicio de funciones públicas. De acuerdo con el artículo 116 de la Constitución, los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar jus-ticia en la condición de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley. La administración de justicia, según el artículo 228 de la Consti-tución, es una función pública. Con fundamento en ello, la Corte Constitucional ha admitido la proce-dencia de la acción de tutela contra laudos arbitrales domésticos, para la protección del derecho al debido proceso, siempre que se haya agotado el recurso de anulación. Recientemente, en la sentencia SU-500 de 2015, la Corte extendió su doctrina sobre la procedibilidad de la acción al arbitraje interna-cional. De acuerdo con la Corte, la jurisdicción de los tribunales arbitrales está basada en el reconoci-miento constitucional de la intención de las partes de someter sus disputas al arbitraje. Además, los laudos arbitrales están sujetos a la Constitución y, por tanto, al control judicial cuando quiera que vul-neren derechos fundamentales. Esta sentencia plantea la cuestión de un mecanismo adicional de con-trol sobre los laudos arbitrales dictados en Colombia, su consistencia con el sistema previsto en la Convención de Nueva York, y el impacto de dicho mecanismo en el logro del objetivo de hacer de Co-lombia un país atractivo como sede de arbitraje y de eliminar la desconfianza en el sistema jurídico co-lombiano. En este artículo se repasan las disposiciones que regulan el arbitraje internacional y la acción de tutela en Colombia, y la sentencia SU-500 de 2015, para, sobre esa base, analizar si existen bases legales para admitir la procedencia de la acción de tutela contra laudos arbitrales internacional, y cuáles serían las consecuencias de la aplicación de dicho control adicional sobre los laudos arbitrales en el arbitraje internacional.