El financiamiento por terceros o “third-party funding” (“TPF”) de disputas ha aumen-tado en relevancia y popularidad en los últimos años. Desde el 2012, tanto el número de casos como la cantidad de empresas financiadoras ha aumentado 500%. En gran parte, la causa de su creciente popu-laridad es porque promueve el acceso a la justicia a compañías o individuos que por sí solos no podrían hacer valer sus derechos ante los órganos jurisdiccionales (tanto judiciales como arbitrales).
Otra razón es que les da la opción a compañías que, teniendo recursos suficientes, prefieren mini-mizar el riesgo y la incertidumbre que supone una disputa, librándose del costo del proceso y dejándolo en manos del financista a cambio de un porcentaje de lo conseguido en la disputa. A pesar del creciente uso y popularidad de TPF en al arbitraje internacional, no existe una regulación uniforme. Por un lado, dentro de los países de “common law” existen diferentes posturas: mientras algunos reconocen TPF expresamente y lo regulan legislativamente, otros lo han dejado en manos de sus magistrados, que, superando previas concepciones que prohibían este tipo de prácticas, lo han aceptado con ciertos lí-mites. Por otro lado, la mayoría de los países de derecho civil no lo regulan expresamente pero tampoco lo prohíben, dejando la puerta abierta para su uso.
Las diferentes posturas hacia la regulación de TPF toman especial relevancia en el arbitraje inter-nacional, donde diferentes leyes pueden ser (y en muchos casos son) tomadas en consideración por los árbitros para decidir diferentes aspectos de la disputa por su grado de conexión con la controversia. Por ejemplo, en un arbitraje pueden estar en juego a la misma vez: la ley acordada por las partes en el con-trato para la regulación de los aspectos de fondo, la ley que regula el acuerdo arbitral, la ley del lugar de la sede del arbitraje o incluso la ley que regula el contrato de financiamiento.
El alcance de la ley aplicable en materia de arbitrajes que involucren TPF, por lo tanto, resulta esencial para determinar con mayor certeza cuestiones fundamentales de la controversia como, por ejemplo: la validez misma del acuerdo de financiamiento, cuestiones procesales derivadas de la presen-cia del financista, el reconocimiento y la ejecución del laudo arbitral o incluso cuestiones de carácter ético. Este articulo analiza cuáles son las leyes potencialmente aplicables a estos aspectos en el arbitraje internacional y sus consecuencias en las distintas etapas de una controversia.
Iurgium [previously Spain Arbitration Review]