Este artículo analiza las implicaciones de una serie de anulaciones de laudos arbitrales por infracción del orden público en arbitrajes de swaps (o permutas financieras) en Madrid. Comienza explicando el concepto jurisprudencial español de orden público, el cual proviene del derecho a la tutela judicial efectiva recogido en la Constitución Española y de los principios fundamentales de Derecho Europeo. Examina también los requisitos de la Directiva relativa a los mercados de instrumentos financieros (MiFID) y su implementación en la legislación española, y aborda el razonamiento jurídico de las sentencias de anulación más importantes dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado laudos arbitrales en base a una motivación arbitraria y a una nueva doctrina sobre orden público “económico”. Hay laudos que han sido anulados por cuestiones de fondo encubiertas, y también ha habido otras decisiones judiciales que han demostrado una desconfianza por parte del sistema judicial en el arbitraje en el contexto de los swaps. El artículo sugiere que la asimetría de la información entre los bancos y los inversores, cuestión que regula la Directiva MiFID, ha sido acompañada por una asimetría procesal en la resolución de conflictos, generada por el uso por parte de los bancos de contratos de adhesión con cláusulas arbitrales. El resultado ha sido que los tribunales judiciales han impugnado la legitimidad del arbitraje en el contexto de los swaps. El artículo concluye estableciendo que cuando se produce una discrepancia entre las resoluciones de los tribunales judiciales y las de los tribunales arbitrales en disputas que son idénticas desde un punto de vista jurídico, como ha ocurrido en este caso con los swaps, la legitimidad del arbitraje se pone inevitablemente en duda.