Los procedimientos de arbitraje son amenazados por ciberataques. Obtener datos e información confidencial de una de las partes viola el principio de paridad de armas, corolario del debido proceso legal. Así, la ventaja estratégica obtenida mediante el ciberataque puede servir de base para la no homologación de un laudo arbitral extranjero por violación del orden público. Sin embargo, la no homologación de un laudo arbitral extranjero presupone que haya habido daño al procedimiento arbitral. Hay dificultades probatorias, ya que las consecuencias del ciberataque no son claramente delimitables. Una forma de equilibrar la necesidad del daño con la respectiva dificultad para probar el hecho por parte de la víctima del ilícito es cambiar la carga de la prueba, así como adoptar el estándar de la prueba clara y convincente para la demostración de la posible no existencia de daños. El análisis de cuánto el ciberataque descubierto tras la entrega del laudo comprometió la integridad del procedimiento arbitral implica un reexamen de fondo del caso, por lo que debe ser realizado por el Tribunal Arbitral, no por los Tribunales del Estado, con excepción de la aplicación del principio de functus officio. Esta solución es consistente con la ratio de mecanismos que ya están incluidos en el ordenamiento jurídico de varios países.